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8dic policia municipal ejecutado

Combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de la sociedad requiere en primer lugar saber dónde estamos parados ante estos fenómenos.

1. Los delincuentes, sobre todo los que pertenecen al crimen organizado, cuentan con muchos recursos económicos para operar sus actividades y para sostener su capacidad de daño (personas y grupos armados). En muchas ocasiones ese recursos superan con muchos a los de las corporaciones de seguridad pública, sobre todo de las municipales.

En el caso de las corporaciones dedicadas a hacer cumplir las leyes y a castigar a quienes delinquen, no sólo los recursos son muy limitados sino que su uso está sujeto a trabas administrativas y burocráticas.

2. Los delincuentes no están sujetos a jurisdicciones ni fueros a los que sí están amarradas las corporaciones públicas de seguridad preventiva, procuración de justicia e impartición de la misma.

Hoy en México tenemos una estructura de limitantes territoriales y por materias que acaban beneficiando a los delincuentes porque dificultan las acciones de las policías.

Los policías municipales no pueden actuar fuera de los límites de su municipio, los estatales fuera de su estado y los federales son insuficientes para tener una presencia en todo el territorio del país.

Pero también tenemos clasificadas las violaciones a la ley en faltas administrativas, delitos del fuero común que persiguen las fiscalías y policías investigadores estatales y los delitos federales que sólo pueden perseguirse por autoridades del gobierno federal.

Pero aún entre los mismos fueros hay limitantes, por ejemplo en la persecución de los delitos federales tenemos policías especializadas para el combate al narcotráfico, a la inmigración ilegal, a la piratería, a la evasión fiscal, al lavado del dinero, de caminos y más. El problema no es que existan policías especializados en las diferentes actividades, sino que muchas veces unos no intervienen en las áreas de los otros dándoles más ventajas a los delincuentes.

En cambio los delincuentes no conocen de limitantes territoriales ni de actividades delictivas porque su actividad implica la violación de todas las leyes sin distingo.

3. La delincuencia y el crimen organizado ya no tienen presencia constante únicamente en las ciudades. Hoy se encuentran presentes en prácticamente todos los municipios y rincones del país.

Su capacidad de fuego y de daño les ha permitido doblegar a un número importante de policías municipales, no por corrupción sino por miedo.

Un grave error que se ha cometido desde la administración presidencial anterior es el de tratar de concentrar en policías y mando únicos estatales el trabajo preventivo de la seguridad en lugar de hacer lo que lógica y operativamente es más conveniente: fortalecer y respaldar a las policías municipales para que puedan enfrentar con éxito cualquier  fenómeno delictivo que se presente en sus comunidades.

¿Qué hacer ante esto?

La nueva realidad de la inseguridad y la delincuencia en México requiere con urgencia un nuevo marco legal y administrativo que responda con lógica a esta situación.

Uno. Debe hacerse una gran inversión en materia de seguridad acorde con la realidad actual y previendo las necesidades que tendremos en el futuro. Pero un verdadero incremento -de los gobiernos federal, estatales y municipales- que nos permita realmente doblegar al crimen común y al organizado para regresarle la tranquilidad a la gente en todos los rincones.

Dos. Todos los municipios deben contar con una policía propia, suficiente y capacitada, para poder darle tranquilidad a todos sus habitantes, vivan en la cabecera o en pequeñas comunidades.

Tres. Las policías preventivas estatales deben ser solamente un refuerzo a las municipales, pero por lógica no pueden ni deben suplantarlas. Las policías investigadoras estatales deben ser el contrapeso para aquellos policías municipales que falten a sus responsabilidades legales.

Cuatro. Las policías federales deben ser un verdadero refuerzo y contrapeso de las policías estatales. Deben estar para apoyar en cualquier rincón del país donde se necesite y deben ser quienes vigilen que las policías estatales no se corrompan.

Cinco. Debe modificarse el actual sistema legal que limita el ejercicio de las policías y ministerios públicos por los fueros y las jurisdicciones. Hoy el combate a la inseguridad y a la delincuencia obliga a un nuevo diseño institucional que responda a la nueva realidad, no al pasado.

Seis. Debe generarse un nuevo marco jurídico y administrativo en el que se proteja y premie a lo policías de vocación que quieran hacer carrera. A los policías debe dárseles todo el apoyo institucional para que hagan bien su trabajo, pero también se debe castigar con todo el peso del estado a los malos policías que violen la ley o se pongan al servicio de los delincuentes.

Siete. La tecnología debe ser un instrumento fundamental de apoyo para las corporaciones de seguridad y combate a la delincuencia. En México vamos muy rezagados en su uso y debemos ponernos al día.

Ocho. Deben revisarse las normas y los procesos administrativos que les dan ventaja a los delincuentes en el nuevo sistema de justicia penal, para eliminar los huecos y las deficiencias que ayudan a quienes violan la ley en perjuicio de los buenos ciudadanos.

Devolverle la tranquilidad a la gente, ganarle la guerra a la delincuencia y garantizar la seguridad a futuro requieren de grandes cambios y grandes acciones, y no se podrán lograr haciendo más de lo mismo.

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Las crisis de imagen y credibilidad de los partidos políticos generan fuertes presiones sobre estos, para mejorarse y ponerse de nuevo al servicio de la sociedad, pero también generan fenómenos políticos que muchas veces no son mejores de lo que se quiere cambiar o rallan en lo grotesco.

En todas las sociedades, cuando hay crisis de imagen de los políticos y de los partidos, surgen políticos que se disfrazan de “ciudadanos” o de “independientes” para engañar a los electores y “deslindarse” de lo “político”.

También surgen “bravucones”, “entrones”, “hartos”, tipo Vicente Fox, El Bronco o Layín, además de payasos (literal), actores, actrices, deportistas y gente de la “sociedad civil” que se ofrecen para arreglar el “cochinero” de la política.

Llega a ser tanto el hartazgo de la sociedad hacia los políticos y los partidos, que una buena parte de la ciudadanía es seducida por estas expresiones de lo “ciudadano” hasta que se da cuenta de que éstas tienen los mismos o más vicios que los políticos y partidos tradicionales que querían combatir.

Vale la pena reflexionar sobre el movimiento de lo “ciudadano” y lo “independiente”:

1. La calidad de ciudadano es de orden jurídico y es aplicable a cualquier mexicano que haya cumplido los 18 años y tenga una forma de mantenerse dentro del marco legal.

Es decir, a partir de la mayoría de edad y mientras no se acredite que se viola la ley para mantenerse, cualquier mujer u hombre en nuestro país adquiere la categoría de ciudadano.

Por lo tanto no existe esa diferencia o separación que tramposamente hacen algunos entre ciudadanos, con los políticos o militantes de un partido. ¡Porque todos somos ciudadanos!

2. Vamos más allá. La Constitución consagra entre los derechos de todos los ciudadanos los de organizarse en partidos o asociaciones políticas para participar en los asuntos públicos y el de ser electos para los cargos de elección popular.

Así, podríamos decir que los militantes de un partido y quienes obtienen un cargo de elección popular no sólo son CIUDADANOS, como todos, sino que lo son ejerciendo más plenamente los derechos constitucionales que se nos otorgan a todos los mexicanos.

En concreto los políticos, los gobernantes y funcionarios públicos, los militantes y simpatizantes de los partidos son tan ciudadanos (¿o más?) como aquellos que deciden no participar directamente en la política activa o en el gobierno.

3. El término político se aplica a aquella persona que participa en los asuntos del estado y del gobierno, ya sea ejerciéndolo o aspirando a hacerlo.

Por lo tanto todos los que intervienen en un partido político, ya sea como dirigentes o candidatos, quienes ejercen un cargo de elección, quienes ostentan cargos directivos en los gobiernos y quienes buscan acceder al poder por la vía independiente encajan en la categoría de los políticos.

Quererse quitar el término de “político” no es solo un engaño sino que además contribuye a la confusión democrática y a frenar el mejoramiento de la política y de la cultura política.

4. Con todos las deficiencias que pueda tener, la democracia sigue siendo el mejor régimen político que los seres humanos hemos creado para resolver de una manera pacífica y razonable quienes nos deben gobernar.

La democracia sólo se puede construir con un sistema de partidos políticos, por lo tanto la apuesta ciudadana no debe ni puede ser la de acabar con los políticos ni con los partidos, sino la de presionar, exigir y contribuir para que haya mejores políticos y partidos.

Por otro lado, la vía de los independientes hay que entenderla como lo que es, un instrumento útil para que alguien que no desea participar por la vía de los partidos lo pueda hacer. Pero debemos tener claro, porque la historia de las democracias modernas así lo indica, que el alcance de los independientes es limitado, por el bajo número de ellos que alcanza a ganar las elecciones y por el alcance que llegan a tener desde el ejercicio del gobierno o de una representación legislativa.

Reitero, los mexicanos no necesitamos acabar con los partidos ni con los políticos, lo que necesitamos es exigir y contribuir a construir un mejor sistema político con mejores partidos y mejores políticos.

5. La política la deben hacer políticos profesionales, honestos y eficientes.

Los malos políticos y la improvisación en la política por políticos disfrazados de “ciudadanos” e “independientes” han contribuido a desprestigiar a la política. Pero los políticos (los buenos) son y seguirán siendo indispensables para construir una verdadera democracia.

La política y el gobierno no son tan sencillos como para dejárselos a improvisados, necesitamos políticos profesionales, que hagan carrera en la política en base a sus resultados.

La política y los políticos revertirán su mala imagen a partir de privilegiar la honestidad y no la corrupción como principio rector de su actuación.

Administrar eficientemente los recursos públicos y resolver realmente los problemas de la sociedad es otro factor necesario para recuperar la confianza ciudadana a la política y los políticos.

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Enrique Alfaro, el alcalde de Guadalajara, volvió a escenificar un enfrentamiento con un ciudadano en la inauguración de obras en la unidad deportiva José María Morelos.

Este incidente se suma a varios que ha sostenido cuando acude a supervisar o entregar obras y donde aparece algún vecino inconforme con las acciones u obras que emprende o deja de emprender o con la inseguridad pública que azota a la ciudad.

Incómodo con las críticas o con aquellos que en su legítimo derecho no están de acuerdo con él, de nueva cuenta la emprendió de manera agresiva y prepotente con este vecino, apoyado por elementos de la policía municipal.

“Vete de aquí cabrón, no estés fregando” le gritó Alfaro al ciudadano antes de que sus policías municipales lo detuvieran.

Al darse cuenta de que había un video de los hechos que circulaba en las redes sociales, Enrique Alfaro salió de nueva cuenta a culpar al PRI de haber enviado al vecino a provocarlo.

Éste y los incidentes anteriores merecen algunas reflexiones:

1. Las reacciones de Enrique Alfaro en contra de los vecinos que se quejan o que protestan en sus eventos públicos evidencian la actitud de un político que ha demostrado su incapacidad de aceptar que, así como hay gente que está de acuerdo con él, hay mucha gente que no está conforme con su forma de gobernar Guadalajara.

Cualquier gobernante y cualquier político debe entender y aceptar que no existen las unanimidades y que cualquier ciudadano tiene el derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo en su forma de gobernar, y que ¡todos tienen el mismo derecho a expresar su forma de pensar!

2. Por muy bien que Alfaro crea que está gobernando bien y por muy grande que sea su ego, a estas alturas debería saber que las inconformidades y los inconformes existen, ¡y que tienen todo el derecho de existir y expresarse!

3. Tratar de descalificar, sin probarlo, a cualquier ciudadano que exprese en contra de su gobierno señalándolo como enviado de un partido político es una muestra de intolerancia y de megalomanía que sólo cabe en aquellos que se creen perfectos e infalibles; algo peligroso en un político y en un gobernante, porque pone en riesgo a cualquier ciudadano que no lo alaba o está con él.

4. Vamos más allá. Aún en el supuesto de que un vecino que asiste a un evento público del alcalde Enrique Alfaro sea militante o simpatizante de un partido político diferente al suyo, éste tiene todo el derecho a expresar sus inconformidades, sus quejas y sus puntos de vista.

Enrique Alfaro gobierna para todos los ciudadanos de Guadalajara, no nada más para los militantes y simpatizantes de su partido Movimiento Ciudadano, y tiene la obligación de escuchar, atender, rendir cuentas y aceptar las críticas de todos, porque todos pagan sus impuestos, no nada más los de MC, y todos tienen derecho a exigirle y reclamarle.

5. Vamos todavía más allá. De nueva cuenta, en el supuesto de que él crea que a sus eventos públicos asisten ciudadanos enviados con el fin de provocarlo, todos esperamos de un político, y sobre todo de un gobernante, la capacidad, la madurez, la estatura y la templanza para poder lidiar con eso y con más.

Enrique Alfaro asiste a todos sus eventos públicos custodiado por una amplia escolta, por policías municipales y por un grupo nutridos de funcionarios de su gobierno municipal como para que diga que se siente desprotegido, en desventaja o amenazado por un simple ciudadano que le reclama o le exige algo.

6. Esta intolerancia agresiva de Alfaro no es nueva: fue la misma que demostró cuando estuvo en el PRI y cuando fue alcalde de Tlajomulco por el PRD.

Han tenido que soportar sus agresiones ciudadanos y periodistas durante toda su carrera política.

El tema no es menor, ni es anecdótico ni se puede circunscribir a un tema de “estilo personal” de Alfaro como político, porque tiene que ver con las libertades y los derechos ciudadanos.

El derecho a la expresión es uno de los derechos sagrados de cualquier ciudadano y que toda sociedad debe defender con celo, porque la pérdida de este derecho deriva en el autoritarismo que muchas sociedades sufren hoy por haber sido condescendientes con quienes la restringen.

A ningún gobernante, a ningún político, a ningún partido y a ningún poderoso se le debe perdonar, solapar o permitir que limite la libertad de expresión de ningún ciudadano, sea o no su simpatizante, porque los ataques a las libertades son igual de peligrosas vengan de quien vengan.

Pago de impuestos

Además de la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro del dinero público son vicios que se deben erradicar y combatir de manera permanente en los gobiernos.

El dinero que administran los gobernantes y los funcionarios públicos proviene de esfuerzo de muchos ciudadanos, quienes se desprenden de él con el deseo de que sean utilizados para lo que es y que sean bien aprovechados.

La corrupción hace que en parte ese deseo no se logre porque desvía parte de esos recursos a bolsillos indebidos y porque distorsiona su uso, al enfocarlo a asuntos no prioritarios ni importantes, pero que facilitan las corruptelas.

Pero el desperdicio de recursos que se logra con la ineficiencia y con el despilfarro es también cuantioso y no se resuelve con programitas temporales de “austeridad”, que son más mediáticos que reales.

El despilfarro se da todos los días en personal innecesario o ineficiente, en rentas de oficinas que no se justifican, en automóviles y gasolinas para usos personales, en empleados comisionados a tareas privadas, en derroches de energía eléctrica y papel, en impresiones que acaban en la basura, en viajes injustificados, en gastos de representación que deberían hacerse, entre muchos más.

El problema es que el dinero público es anónimo, o sea aparentemente de nadie, y por eso se despilfarra con desdén.

Pero hay otras maneras de derrochar el dinero de la gente. Obras, programas y acciones que no se evalúan para saber si cumplieron con los objetivos trazados; es decir, para comprobar si la inversión se justificó y si logró el objetivo que se deseaba.

A esto hay que agregar las obras innecesarias o de relumbrón, los gastos en festivales, conciertos y ferias en los que nada tendrían que estar gastando dinero público los gobiernos.

Por eso debemos impulsar una nueva cultura en la administración del dinero público, para que quienes lo administran lo consideren como algo sagrado, en la acepción que le da el diccionario de la lengua española de “digno de veneración y respeto”.

Los gobernantes y sus funcionarios de todos los niveles deben preguntarse antes de gastar cualquier peso de la gente:

1. Si realmente es necesario hacer ese gasto,

2. Si no existen ya recursos humanos y materiales que puedan aprovecharse antes de hacer ese nuevo gasto,

3. Si ese gasto tendrá realmente un impacto tangible en mejorar la calidad de vida de la gente o en hacer más eficiente al gobierno,

4. Cuándo y cómo se evaluará si el gasto o la inversión valió la pena, y

5. Qué acciones se tomarán en contra de quien haya hecho un uso ineficiente de los recursos públicos.

Sí, tanto la corrupción como la ineficiencia y el despilfarro son vicios que deben combatirse y erradicarse porque le generan un daño terrible a los esfuerzos de la gente para darle el dinero a los gobiernos para que resuelvan los problemas públicos.

Crear una nueva cultura, en la que el dinero de la gente se considere sagrado y en la que su uso ineficiente sea castigado, es un paso urgente para tener gobiernos mejores, más eficientes.

 

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El PRI tiene un gran problema que resolver en materia de comunicación política.

Tradicionalmente ha sido incapaz de generar una cultura eficiente para comunicarse con la ciudadanía, para recoger el sentir de la sociedad, para comunicar sus aciertos, para enfrentar con inteligencia sus desaciertos y hasta para comunicarse con sus militantes y simpatizantes.

Dicho con toda frialdad, el PRI mantiene una cultura de comunicación de los 80´s, de la que se utilizaba antes de la aparición de la internet.

No sólo como partido, también como gobierno el PRI mantiene una tradición añeja de comunicación que le impide transmitir eficientemente sus logros y enfrentar con eficacia a la oposición.

Al PRI le urge modernizarse en materia de comunicación porque ya va muy tarde.

Estas son algunas de las tareas urgentes que debe enfrentar el PRI para mejorar sus capacidades de comunicación y sus probabilidades de triunfo en las próximas elecciones:

1. Desarrollar una cultura de escucha permanente.

Escuchar sin filtros lo que la ciudadanía quiere y espera de un partido político y de los gobiernos surgidos de éste. Asumir esa información como un insumo permanente para generar propuestas y acciones que realmente estén a favor de la gente.

Escuchar a la sociedad es la herramienta más importante de la política, pero muchas veces la más desatendida.

Solamente así el partido estará constantemente en sintonía con los temas que realmente le preocupan y ocupan a la gente.

2. Abandonar la cultura de la “culpa colectiva”.

Un error histórico de los priistas ha sido el que todos asumen como propios los excesos que cometen aquellos que llegan al gobierno bajo sus siglas.

En el PRI debemos entender que quienes cometan actos de corrupción son quienes deben pagar por ellos y no todo el partido. Para ello los priistas debemos cambiar nuestra actitud ante ellos: no solapar ni justificar ningún acto de corrupción, señalar en su momento los excesos y ser los primeros en pedir que se les castigue.

Solamente así dejaremos de cargar con esa culpa colectiva y tendremos más autoridad moral para exigir el mismo castigo a los de otros partidos que también cometen actos de corrupción.

3. Practicar la autocrítica.

Revisar y aceptar con objetividad lo que se hace mal es fundamental para arreglarlo y para impulsar el desarrollo político.

En el PRI falta más diálogo abierto y franco, más autocrítica, más debate interno, sin que debatir se vea como una afrenta o como una actitud que pretende dinamitar a las dirigencias o a los gobiernos priistas. Ver la paja en el ojo ajeno pero sin dejar de ver la que está en el propio.

4. Modernizar la comunicación con los militantes.

La comunicación con la militancia también le exige al PRI ponerse al día. Prácticamente no existen vínculos directos ni de retroalimentación con los militantes. En el priismo se ha privilegiado que sean los “liderazgos” los que asuman esa labor, pero queda claro que no ha funcionado o que ni siquiera se ha hecho.

La militancia del PRI puede ser efectivamente el mejor activo del partido, pero sólo lo será si está eficientemente comunicada, si se le facilitan los medios para que exprese su opinión y sus propuestas y si se le capacita y se le dan los recursos para convertirse en un elemento fundamental de comunicación con la sociedad.

5. Modernizar la comunicación con la ciudadanía.

Sin duda este es el rubro en el que el PRI debe meter el acelerador ante el reto de las próximas elecciones.

El PRI se anquilosó en su comunicación con la sociedad. En muy buena parte esto explica la crisis de imagen que padece ante una parte importante de la sociedad.

No es exagerado decir que el PRI, en materia de comunicación, se quedó atrapado en los 80´s.

Ponerse al día no es tan difícil, pero se requieren estrategia, disciplina, recursos, involucrar a la militancia y perder el miedo a salir a dar la cara.

Los nuevos medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, sólo funcionan si se entiende que no son unidireccionales y que su uso exige escuchar las opiniones de la gente, reconocer errores, defender los aciertos y debatir con argumentos. Es decir, dar la cara y dar el debate.

6. Impulsar una cultura del debate.

Debatir es uno de los instrumentos fundamentales de la política, pero por desgracia ha caído en desuso.

Para defender al partido, para demostrar que es mejor que los demás, para ayudar a los ciudadanos a distinguirlo de los otros y para convencer a los electores se requiere de militantes y simpatizantes con mejores capacidades de debate.

Cada militante y cada simpatizante debe ser un buen debatiente, pero para ello el partido debe estimular su capacitación y formación en el arte de debatir.

El rezago es grande y la tarea es mucha pero aún estamos a tiempo, con el concurso de todos, de ponernos al día para enfrentar las elecciones del 2018 con mejores habilidades de comunicación con la gente.

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En México no se debate. En nuestro país se descalifica, se ofende, se lanzan adjetivos y se huye de la confrontación de ideas y argumentos, pero no se debate.

Debatir significa confrontar ideas sobre un tema específico, exponer las propias, escuchar las del otro, presentar las objeciones sobre los argumentos de la otra parte y permitir al de enfrente contraargumentar. Lo que se busca en el debate es que ambas partes expongan sus ideas, las sustenten, permitan la exposición de las del otro, y que del intercambio de ambas la sociedad pueda sacar una conclusión más clara de las cosas.

Pero aquí confundimos debate con intercambio de descalificaciones y ofensas.

Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes del PAN y de MoReNa son claros ejemplos de esto.

Si se revisan sus declaraciones y sus escasas confrontaciones con opositores encontramos un lugar común entre el panista y el morenista: adjetivos por montón, descalificaciones y la huída pronta del debate cuando se ven perdidos. Lo que no encontramos son ideas, argumentos que las sustenten ni propuestas claras que expongan una solución a los problemas.

Pero el falso debate no está sólo en el ámbito de la clase política, también se presenta entre la ciudadanía y la clase política, y entre ciudadanos con ciudadanos.

Basta ver las redes sociales para entender que la gran mayoría de los mexicanos confundimos descalificación y ofensas con debate.

El debate político, el de verdad, el de las ideas y argumentos, es fundamental para tener una democracia sana y funcional. Sin un debate político de altura no hay política de altura.

Pero elevar el debate nos corresponde a todos, no sólo a la clase política. Exigirnos y exigir cada día que la confrontación de posiciones y de proyectos políticos se de a base de ideas y argumentos en lugar de adjetivos y ofensas es uno de los instrumentos que nos llevará a tener mejores políticos, mejor política, mejores gobiernos y mejores ciudadanos.

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La salida de Margarita Zavala del PAN abre un enorme hueco electoral al PAN y al frente que este partido está en proceso de constituir con el PRD y el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Zavala aparece por encima de cualquier candidato panista en las encuestas rumbo al 2018 y eso refleja la cantidad de votos que le puede quitar al PAN y al frente.

Pero esa resta importante se suma a las que ya han venido sufriendo el PAN y el PRD por las desastrosas dirigencias de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales respectivamente. Ambos han antepuesto sus ambiciones personales a las de sus militancias.

El actual presidente nacional panista ha desplegado una dirigencia en la que la opinión contraria y el disenso no caben. Su intolerancia interna es del tamaño de sus ambiciones y del crecimiento inexplicable que ha tenido su patrimonio personal y familiar. Se ha convertido en el peor enemigo del PAN dentro del PAN.

Bajo el régimen autoritario de Ricardo Anaya el PAN es hoy un partido dividido, con una vida interna no democrática y con una militancia desencantada y de brazos cruzados.

El PRD no canta mal las rancheras con Alejandra Barrales. Hoy el “partido del sol azteca” vive el más grave de sus eclipses: desfondado por Andrés Manuel López Obrador, derrotado en la Ciudad de México, su principal bastión, por MoReNa y con corrientes internas que voltean con recelo al frente PAN-PRD-MC y con interés al movimiento de AMLO o de las vías independientes.

El caso de MC es diferente, pero también es un cascarón.

Aunque Movimiento Ciudadano tiene registro como partido nacional lo cierto es que, salvo en algunas regiones de Jalisco, prácticamente no existe, como lo demuestra su actual intención de voto nacional que ronda los 2.5 % en casi todas las encuestas.

De mantener la actual intención del voto MC podría perder su registro nacional en 2018.

Aún faltan muchos capítulos por escribirse de este intento de frente. Habrá que ver qué actitud toman otros aspirantes a la candidatura presidencial que en las filas del PAN y el PRD ven como sus dirigentes les ponen obstáculo tras obstáculo para imponer a Ricardo Anaya como candidato de esa coalición.

También falta por ver cuál será la actitud que asuman los militantes de calle del PAN y del PRD que siguen sin ver con buenos ojos como Anaya y Barrales tratan de juntar a fuerzas el agua y el aceite.

Las cosas no les están saliendo bien a Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado. Muestra de ello es que de unas semanas para acá se les borró la sonrisa.