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Tengo el gusto de conocer a Miguel Castro desde el 2002 y me siento orgulloso de ser su amigo.

He sido testigo durante estos 15 años de su sincera humildad para tratar y escuchar a la gente, no sólo cuando ha sido candidato sino como gobernante: las dos veces que fue alcalde de San Pedro Tlaquepaque, como diputado y como secretario de Desarrollo e Integración Social.

Me consta su honestidad política y en el manejo de los recursos públicos. Miguel es de los pocos políticos que conozco que se han procurado medios honestos para vivir al margen de la política, para no depender de ésta y para tener la libertad de ejercerla con libertad, dignidad y sin ambiciones.

Miguel ha ganado las tres elecciones en las que ha competido, todas en circunstancias muy difíciles. La primera a los 28 años, cuando se creía que el PRI no podría recuperar Tlaquepaque. La segunda otra vez en condiciones desventajosas para el PRI, pero los tlaquepaquenses, que ya lo habían conocido como alcalde, le refrendaron el mandato. La tercera, como candidato a diputado en Guadalajara, también la ganó en contra de todos los pronósticos.

Miguel Castro es un político decente, porque sí los puede haber, alejado de las poses, las arrogancias y los excesos que abundan en la clase política.

Por eso no sólo votaré por Miguel Castro para que sea el próximo gobernador de Jalisco, sino que pediré el voto para él, con orgullo, con la seguridad que da pedir el voto por alguien en quien confías porque puede hacer las cosas bien para la gente.

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Sin duda el mayor reto que tenemos en el presente y futuro del país y de todas las regiones es el de disminuir drásticamente la amplia brecha que existe entre los que tienen demasiado y los que poco o nada tienen.

Hay dos caminos eficientes para lograrlo:

1. El aumento de salarios.

El mundo empresarial entró en una dinámica muy peligrosa, la que privilegia las ganancias a toda costa y que ve en los sueldos de los trabajadores un indicador financiero más que hay que contener para dar mejores resultados a los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa tienen a su vez la presión de mantener a sus inversionistas y para poder presumir sus informes trimestrales ganadores al mercado de valores exprimen a más no poder a sus trabajadores.

Pero esta inercia, si bien da beneficios inmediatos a las empresas y a sus dueños, a la larga genera una enorme desigualdad que se les revierte, ya sea en la baja en el consumo de sus bienes o servicios o en inestabilidad social, que a nadie conviene.

La gran paradoja es que muchos de esos empresarios mega ricos en sus últimos años acaban regalando sus fortunas a través de fundaciones pues tarde se dan cuenta de que sus fortunas no se irán con ellos a la hora de su muerte.

Pero no podemos esperar a que los propios empresarios, por su generosa voluntad aumenten los salarios. Se requiere que las leyes tengan los suficientes candados que obliguen a mejorar los ingresos de los trabajadores en función de las utilidades de las empresas.

También se requieren líderes sindicales responsables que dejen atrás la idea de que su función es “mantener las fuentes de empleo” y hagan renegociaciones salariales pensando en el bienestar de sus representados y no sólo de ellos y los patrones.

2. Política fiscal y de gasto público.

La otra herramienta con la que contamos está fundamentalmente en manos del gobierno y sus instituciones: cobrar impuestos de manera progresiva a quienes más ganan y tienen y enfocar esos impuestos a infraestructura, educación, salud pública y seguridad.

En las últimas décadas hemos caído en el error de disminuirles o no cobrarles impuestos a las grandes empresas con el supuesto de que son las grandes generadoras de la riqueza nacional y del empleo.

Pero esta política sólo ha servido para ampliar la brecha entre pobres y ricos y sólo ha beneficiado quienes más tienen.

Los empresarios saben que pueden y deben pagar más impuestos pero son quienes deciden la política fiscal, nuestros políticos y gobernantes, quienes han incurrido en el error de jugársela con quienes más ganan.

Esto debe y puede revertirse fácilmente en las leyes fiscales y de gasto público, sólo falta voluntad política y valor de la clase política para hacerlo.

Por supuesto que no se trata de castigar el éxito ni el espíritu emprendedor, sino de reconocer que quienes más ganan son también quienes más se aprovechan de la infraestructura pública del país: carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de agua y electricidad, incentivos fiscales, bajos salarios a sus trabajadores y un sistema educativo público que les prepara a su mano de obra.

Con todo ese dineral recaudado, cobrándole a los que más tienen, nuestros gobiernos deben invertir más en infraestructura, porque está demostrado que los países que invierten más en este rubro mejoran las condiciones de vida de las mayorías en menos tiempo.

La educación y la salud pública son los otros dos elementos que hacen que la brecha se cierre más rápido y es un factor de justicia social indispensable.

Finalmente, invertir en seguridad permite que el patrimonio de la gente no esté en riesgo y que lo que ganan y adquieren vaya construyendo un patrimonio.

El reto para México y para Jalisco en el presente y en el futuro inmediato es éste, disminuir pronto y bien la distancia entre ricos y pobres.

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La gente en situación de pobreza sufre una doble desgracia: por un lado lo insuficiente de sus ingresos y por el otro el saqueo de los mismos por diferentes actores económicos y políticos.

El pragmatismo y la insensibilidad política no sólo ha convertido a este enorme grupo social en invisible sino que ha hecho que los políticos y los partidos prefieran voltear la cara hacia otro lado en lugar de atender estos urgentes y de verdad importantes temas sociales.

Sí, el tema de los ingresos de la gente más pobre es que éste, aún siendo escaso, es saqueado por muchos agentes, entre los que se cuentan:

1. Los patrones. Muchas de las empresas sí están en condiciones de mejorar los salarios de sus trabajadores pues cada trimestre presumen sus resultados financieros y sus abultadas ganancias, sin embargo al rubro de los sueldos de los trabajadores siempre es al que más regatean.

Además de esto, la práctica de no afiliar a los trabajadores o hacerlo con salarios menores a los realmente percibidos manda a muchos de ellos a envejecer con pensiones miserables que no hacen justicia a una vida de duro trabajo.

2. El sistema financiero. Los bancos y las instituciones financieras también les cargan la mano a los más pobres y lo hacen por dos vías.

Una. Los ahorros de los que menos tienen, con el pretexto de sus bajos montos, siempre son los que reciben los intereses más bajos, casi siempre por debajo de la inflación. Así los bancos se beneficia de ese dinero barato y consiguen grandes utilidades, mismas que también presumen en sus reportes trimestrales.

La otra. En contrapartida los pobres son quienes pagan las tasas de interés más caras cuando acuden a un micro crédito para comprar muebles y enseres domésticos, un préstamo bancario o prendario o para la compra de vivienda de interés social.

Con el pretexto del “riesgo crediticio” este sector de la población paga varias veces el valor real de sus muebles, una televisión, un equipo de sonido, su ropa o su vivienda comprados a crédito.

Peor aún para quienes no tienen acceso a las instituciones financieras, que tiene que caer en manos de casas de empeño u otros usureros, los particulares.

3. El sistema de vivienda de “interés social”. Éste está diseñado para perjudicar por todos lados a los compradores de casas de bajo costo.

Por un lado el constructor generalmente entregará una casa de mala calidad, que requerirá meterle más dinero a pesar de ser nueva, y arreglos en el corto plazo. Su mala calidad por supuesto dificulta obtener un buen precio de reventa.

Por el otro, el crédito será independiente de la casa, por lo que el comprador no podrá devolver la casa o renegociar su precio por las deficiencias de la misma, con lo que se tendrá que quedar obligatoriamente con la deuda, aunque la casa se le caiga en pedazos.

4. Funcionarios corruptos e insensibles que prefieren gastar el dinero público en obras de relumbrón y ornato en lugar de mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen.

A las colonias de la gente más pobre se les regatea la inversión en seguridad pública, exponiéndolos al robo de su escaso patrimonio; en los servicios de salud, teniendo que endeudarse cuando un miembro de la familia se enferma; y en la calidad educativa de sus escuelas, reproduciendo la desventaja social.

Como se ve, quienes tienen menos ingresos son víctimas además del saqueo de su escaso patrimonio, lo que dificulta su ascenso a mejores niveles de vida.

Por eso urgen acciones muy concretas que reviertan esta realidad y que les dé un respiro a los más pobres de este país:

Uno. Reformar las leyes para que se castigue severamente a los patrones y las empresas que defrauden a sus trabajadores no registrándolos en el IMSS o haciéndolo con un salario menor al real. Esta acción debería equipararse al delito de fraude.

Dos. Las revisiones salariales deberán realizarse considerando los resultados financieros reales de la empresa o el patrón y éstas deben ser revisadas por la autoridad laboral.

Tres. Los bancos deben ser obligados legalmente a pagar mejores intereses a los ahorros de los más pobres y a bajar sus tasas de interés a los créditos que otorgan a este sector. Sus informes financieros demuestran que sí se puede.

Cuatro. Deberá tomarse como prioritaria la inversión en infraestructura y en instalaciones educativas y de salud en las zonas más pobres, mejorando a la vez la calidad de estos servicios que en ellas se ofrecen.

También debe ser prioritario el mejoramiento de los niveles de seguridad pública.

Cinco. Debe reformarse el actual esquema legal de construcción y financiamiento de vivienda de interés social para facilitarle al comprador la devolución de una vivienda de mala calidad o con vicios ocultos (sin que le represente penalización por supuesto) y que disminuya las tasas de interés que pagan quienes buscan hacer de una casa por esta vía.

Dejar de robarles a los más pobres sus escasos recursos y patrimonio es fundamental para ayudarlos a salir de su condición de pobreza y para mejorar su calidad de vida.

Jóvenes

El PRI decidió en su última asamblea nacional modificar sus estatutos para que el 30 % de sus candidatos sean jóvenes menores de 35 años, para todos los cargos de elección en todas las elecciones federales, estatales y municipales.

Así, a partir de las elecciones del 2018 una tercera parte por lo menos de los candidatos priistas a todos los cargos de elección popular que se realicen para renovar los poderes nacionales, locales y municipales tendrán rostro joven.

¿Qué efectos tendrá esta reforma priista en el desarrollo político del país?

1. Los jóvenes serán reconocidos en los hechos, no sólo en los discursos, como el presente de México, y no sólo como el futuro.

Los jóvenes tendrán la oportunidad de empezar a hacerse cargo del país desde ahora, generando a futuro una clase política más preparada, más experimentada y con más elementos para llevarlo hacía donde debe ir.

2. La política se refrescará continuamente.

Cada tres años habrá nuevas caras en las boletas lo que traerá constantemente aire fresco a la política nacional y regional, trayendo nuevas ideas y nuevas formas de enfrentar los asuntos públicos.

Esto traerá como consecuencia una clase política más dinámica, más creativa y menos anquilosada.

3. Generará movilidad y posibilidades de ascenso en la clase política.

Lejos de generar un conflicto entre “jóvenes” y “viejos” esta reforma estatutaria del PRI pone reglas muy claras para que se integren a la actividad política real las nuevas generaciones, que tendrán espacios muy claros y seguros.

La llegada de nuevos políticos jóvenes a la vida pública del país, de los estados y de los municipios romperá con los embudos que dificultaban el ascenso de nuevos rostros hacia los espacios de decisión.

4. Los candidatos del PRI dejarán de ser “los mismos” o “los de siempre”.

Renovar la política debe ser una tarea fundamental de cualquier partido político, y con esta reforma estatutaria el PRI está respondiendo a la dinámica social y dejando las bases para que los candidatos priistas en cada elección entiendan mejor la nueva realidad de sus comunidades y sepan responder a la misma.

Como se ve, esta reforma a los estatutos del PRI, que llevará a impulsar a miles de jóvenes en cada elección a los cargos de elección, tendrá un gran impacto en el desarrollo político en todos los rincones del país.

 

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A partir de la próximas elecciones federal y locales por lo menos la mitad de todas las candidaturas a cargos de elección popular deberán recaer en mujeres. Sean para el nivel que sean: para presidentes municipales y regidores, para diputados locales, para diputados federales y senadores y para gobernadores.

Esta reforma que impulsó el PRI todavía genera dudas y resistencias en una parte de la sociedad y en la propia clase política. Me llama la atención que entre las propias mujeres hay un sector que se resiste a que les “regalen” esas candidaturas.

El tema amerita hacer una serie de consideraciones:

1. La historia nos ha demostrado que cuando no se llevan a cabo acciones afirmativas contundentes como ésta, que obligan al equilibrio a favor de grupos o minorías que han sido históricamente discriminados, éste no se da solo, porque los desequilibrios se reproducen de una generación a otra.

En el ejercicio del poder, no obstante las anteriores reformas que se habían hecho para promover que más mujeres accedieran a los cargos de elección, lo cierto es que se buscó insistentemente regatearles ese derecho, ya sea enviándolas a demarcaciones difíciles de ganar electoralmente, con poca importancia electoral o económica o se buscaban trucos (como las llamadas “juanitas”) donde una vez ganada la elección la propietaria mujer debía pedir licencia para que su suplente hombre accediera al cargo. Por eso el número de mujeres profesionales de la política sigue siendo muy bajo.

En conclusión, a las mujeres no se les está “regalando” nada, lo que se está haciendo es reconocerles un derecho que por siglos les fue regateado, circunstancia que las dejó en condiciones de inequidad para competir por los cargos de elección. Y para poder generar condiciones de equidad, no de capacidad, es necesario generar una masa crítica mínima de mujeres políticas profesionales para que esto se dé.

2. Si bien es cierto que una acción como ésta puede constituir una especie de discriminación ahora para los hombres que buscan estos cargos, lo cierto es que ésta es necesaria temporalmente mientras se logran los equilibrios buscados.

¿Cuánto debe durar? Lo necesario para que exista en el país y en todos los rincones del territorio nacional las condiciones para que cualquier mujer realmente pueda competir en igualdad de circunstancias tanto en los procesos internos de su partido o como independiente y en las elecciones constitucionales.

No podemos ahora los hombres pedir que este periodo sea corto pues debemos reconocer que indebidamente les regateamos los derechos políticos a las mujeres durante siglos. ¡Recordemos que apenas en 1955 las mujeres pudieron votar en México!

3. A partir de este proceso del 2018 se iniciará una verdadera formación masiva de mujeres en la política nacional y local. En los próximos años empezará el surgimiento de un gran número de mujeres que irán agregando sus nombres a las figuras que ya conocemos, y que son todavía pocas.

Pero no se deberán ver ni evaluar estos primeros años con saña ni con exigencias exageradas, porque precisamente su formación político-electoral apenas empieza. Exigirles de más a las que habrán de llegar por primera vez a un cargo de elección por esta reforma que promueve la paridad de género equivaldría a solicitar “jóvenes con experiencia” para un trabajo.

Quienes aprovechen el acceso a los cargos de elección podrán hacer carrera política y crecer en la actividad. Muchas se quedarán en el camino, como pasa con los hombres.

Pero a futuro una gran cantidad de mujeres se habrán profesionalizado, habrán traído aire fresco a la política y le darán su marca propia a las formas de hacer gobiernos.

4. Las mujeres deben llegar ahora a los cargos de elección popular no a hacerse cargo únicamente de los temas que tradicional e indebidamente les hemos asignado: equidad y asistencia social.

No, las mujeres que sean electas deben estar donde se toman las decisiones del desarrollo económico, de seguridad, de la política exterior, del medio ambiente y el uso de los recursos naturales, del petróleo, de la agricultura y la ganadería, es decir en todos los ámbitos de la vida nacional y local.

Sólo así se logrará avanzar en su pleno desarrollo político.

5. ¿Quiénes llegarán? Corresponderá a los partidos políticos y a las propias mujeres enfrentar con responsabilidad esta reforma.

Al igual que debe exigirse en el caso de los hombres, se deberá buscar que sean los mejores perfiles quienes ocupen esa mitad de las candidaturas y que no se desvirtúe ese legítimo derecho.

6. ¿Qué debemos esperar a futuro? En primer lugar tener una sociedad más equitativa y que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos que por mucho tiempo les fueron regateados.

Que la política mejore con el concurso de mujeres que vengan a refrescarla y a aportar su visión de la vida pública.

Contar con más opciones políticas y con un impulso democrático que los mexicanos necesitamos y necesitaremos en este siglo 21.

 

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Combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de la sociedad requiere en primer lugar saber dónde estamos parados ante estos fenómenos.

1. Los delincuentes, sobre todo los que pertenecen al crimen organizado, cuentan con muchos recursos económicos para operar sus actividades y para sostener su capacidad de daño (personas y grupos armados). En muchas ocasiones ese recursos superan con muchos a los de las corporaciones de seguridad pública, sobre todo de las municipales.

En el caso de las corporaciones dedicadas a hacer cumplir las leyes y a castigar a quienes delinquen, no sólo los recursos son muy limitados sino que su uso está sujeto a trabas administrativas y burocráticas.

2. Los delincuentes no están sujetos a jurisdicciones ni fueros a los que sí están amarradas las corporaciones públicas de seguridad preventiva, procuración de justicia e impartición de la misma.

Hoy en México tenemos una estructura de limitantes territoriales y por materias que acaban beneficiando a los delincuentes porque dificultan las acciones de las policías.

Los policías municipales no pueden actuar fuera de los límites de su municipio, los estatales fuera de su estado y los federales son insuficientes para tener una presencia en todo el territorio del país.

Pero también tenemos clasificadas las violaciones a la ley en faltas administrativas, delitos del fuero común que persiguen las fiscalías y policías investigadores estatales y los delitos federales que sólo pueden perseguirse por autoridades del gobierno federal.

Pero aún entre los mismos fueros hay limitantes, por ejemplo en la persecución de los delitos federales tenemos policías especializadas para el combate al narcotráfico, a la inmigración ilegal, a la piratería, a la evasión fiscal, al lavado del dinero, de caminos y más. El problema no es que existan policías especializados en las diferentes actividades, sino que muchas veces unos no intervienen en las áreas de los otros dándoles más ventajas a los delincuentes.

En cambio los delincuentes no conocen de limitantes territoriales ni de actividades delictivas porque su actividad implica la violación de todas las leyes sin distingo.

3. La delincuencia y el crimen organizado ya no tienen presencia constante únicamente en las ciudades. Hoy se encuentran presentes en prácticamente todos los municipios y rincones del país.

Su capacidad de fuego y de daño les ha permitido doblegar a un número importante de policías municipales, no por corrupción sino por miedo.

Un grave error que se ha cometido desde la administración presidencial anterior es el de tratar de concentrar en policías y mando únicos estatales el trabajo preventivo de la seguridad en lugar de hacer lo que lógica y operativamente es más conveniente: fortalecer y respaldar a las policías municipales para que puedan enfrentar con éxito cualquier  fenómeno delictivo que se presente en sus comunidades.

¿Qué hacer ante esto?

La nueva realidad de la inseguridad y la delincuencia en México requiere con urgencia un nuevo marco legal y administrativo que responda con lógica a esta situación.

Uno. Debe hacerse una gran inversión en materia de seguridad acorde con la realidad actual y previendo las necesidades que tendremos en el futuro. Pero un verdadero incremento -de los gobiernos federal, estatales y municipales- que nos permita realmente doblegar al crimen común y al organizado para regresarle la tranquilidad a la gente en todos los rincones.

Dos. Todos los municipios deben contar con una policía propia, suficiente y capacitada, para poder darle tranquilidad a todos sus habitantes, vivan en la cabecera o en pequeñas comunidades.

Tres. Las policías preventivas estatales deben ser solamente un refuerzo a las municipales, pero por lógica no pueden ni deben suplantarlas. Las policías investigadoras estatales deben ser el contrapeso para aquellos policías municipales que falten a sus responsabilidades legales.

Cuatro. Las policías federales deben ser un verdadero refuerzo y contrapeso de las policías estatales. Deben estar para apoyar en cualquier rincón del país donde se necesite y deben ser quienes vigilen que las policías estatales no se corrompan.

Cinco. Debe modificarse el actual sistema legal que limita el ejercicio de las policías y ministerios públicos por los fueros y las jurisdicciones. Hoy el combate a la inseguridad y a la delincuencia obliga a un nuevo diseño institucional que responda a la nueva realidad, no al pasado.

Seis. Debe generarse un nuevo marco jurídico y administrativo en el que se proteja y premie a lo policías de vocación que quieran hacer carrera. A los policías debe dárseles todo el apoyo institucional para que hagan bien su trabajo, pero también se debe castigar con todo el peso del estado a los malos policías que violen la ley o se pongan al servicio de los delincuentes.

Siete. La tecnología debe ser un instrumento fundamental de apoyo para las corporaciones de seguridad y combate a la delincuencia. En México vamos muy rezagados en su uso y debemos ponernos al día.

Ocho. Deben revisarse las normas y los procesos administrativos que les dan ventaja a los delincuentes en el nuevo sistema de justicia penal, para eliminar los huecos y las deficiencias que ayudan a quienes violan la ley en perjuicio de los buenos ciudadanos.

Devolverle la tranquilidad a la gente, ganarle la guerra a la delincuencia y garantizar la seguridad a futuro requieren de grandes cambios y grandes acciones, y no se podrán lograr haciendo más de lo mismo.

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Las crisis de imagen y credibilidad de los partidos políticos generan fuertes presiones sobre estos, para mejorarse y ponerse de nuevo al servicio de la sociedad, pero también generan fenómenos políticos que muchas veces no son mejores de lo que se quiere cambiar o rallan en lo grotesco.

En todas las sociedades, cuando hay crisis de imagen de los políticos y de los partidos, surgen políticos que se disfrazan de “ciudadanos” o de “independientes” para engañar a los electores y “deslindarse” de lo “político”.

También surgen “bravucones”, “entrones”, “hartos”, tipo Vicente Fox, El Bronco o Layín, además de payasos (literal), actores, actrices, deportistas y gente de la “sociedad civil” que se ofrecen para arreglar el “cochinero” de la política.

Llega a ser tanto el hartazgo de la sociedad hacia los políticos y los partidos, que una buena parte de la ciudadanía es seducida por estas expresiones de lo “ciudadano” hasta que se da cuenta de que éstas tienen los mismos o más vicios que los políticos y partidos tradicionales que querían combatir.

Vale la pena reflexionar sobre el movimiento de lo “ciudadano” y lo “independiente”:

1. La calidad de ciudadano es de orden jurídico y es aplicable a cualquier mexicano que haya cumplido los 18 años y tenga una forma de mantenerse dentro del marco legal.

Es decir, a partir de la mayoría de edad y mientras no se acredite que se viola la ley para mantenerse, cualquier mujer u hombre en nuestro país adquiere la categoría de ciudadano.

Por lo tanto no existe esa diferencia o separación que tramposamente hacen algunos entre ciudadanos, con los políticos o militantes de un partido. ¡Porque todos somos ciudadanos!

2. Vamos más allá. La Constitución consagra entre los derechos de todos los ciudadanos los de organizarse en partidos o asociaciones políticas para participar en los asuntos públicos y el de ser electos para los cargos de elección popular.

Así, podríamos decir que los militantes de un partido y quienes obtienen un cargo de elección popular no sólo son CIUDADANOS, como todos, sino que lo son ejerciendo más plenamente los derechos constitucionales que se nos otorgan a todos los mexicanos.

En concreto los políticos, los gobernantes y funcionarios públicos, los militantes y simpatizantes de los partidos son tan ciudadanos (¿o más?) como aquellos que deciden no participar directamente en la política activa o en el gobierno.

3. El término político se aplica a aquella persona que participa en los asuntos del estado y del gobierno, ya sea ejerciéndolo o aspirando a hacerlo.

Por lo tanto todos los que intervienen en un partido político, ya sea como dirigentes o candidatos, quienes ejercen un cargo de elección, quienes ostentan cargos directivos en los gobiernos y quienes buscan acceder al poder por la vía independiente encajan en la categoría de los políticos.

Quererse quitar el término de “político” no es solo un engaño sino que además contribuye a la confusión democrática y a frenar el mejoramiento de la política y de la cultura política.

4. Con todos las deficiencias que pueda tener, la democracia sigue siendo el mejor régimen político que los seres humanos hemos creado para resolver de una manera pacífica y razonable quienes nos deben gobernar.

La democracia sólo se puede construir con un sistema de partidos políticos, por lo tanto la apuesta ciudadana no debe ni puede ser la de acabar con los políticos ni con los partidos, sino la de presionar, exigir y contribuir para que haya mejores políticos y partidos.

Por otro lado, la vía de los independientes hay que entenderla como lo que es, un instrumento útil para que alguien que no desea participar por la vía de los partidos lo pueda hacer. Pero debemos tener claro, porque la historia de las democracias modernas así lo indica, que el alcance de los independientes es limitado, por el bajo número de ellos que alcanza a ganar las elecciones y por el alcance que llegan a tener desde el ejercicio del gobierno o de una representación legislativa.

Reitero, los mexicanos no necesitamos acabar con los partidos ni con los políticos, lo que necesitamos es exigir y contribuir a construir un mejor sistema político con mejores partidos y mejores políticos.

5. La política la deben hacer políticos profesionales, honestos y eficientes.

Los malos políticos y la improvisación en la política por políticos disfrazados de “ciudadanos” e “independientes” han contribuido a desprestigiar a la política. Pero los políticos (los buenos) son y seguirán siendo indispensables para construir una verdadera democracia.

La política y el gobierno no son tan sencillos como para dejárselos a improvisados, necesitamos políticos profesionales, que hagan carrera en la política en base a sus resultados.

La política y los políticos revertirán su mala imagen a partir de privilegiar la honestidad y no la corrupción como principio rector de su actuación.

Administrar eficientemente los recursos públicos y resolver realmente los problemas de la sociedad es otro factor necesario para recuperar la confianza ciudadana a la política y los políticos.